Al que trabaja con el hacha. Al haragán planes, casas y dádivas
Vecino tiene que pagar 1,1 millón para que el municipio lo deje TRABAJAR en su gimnasio.
Sergio García tiene como único sustento un gimnasio en la calle Cecilia Borja, al cual acuden varios casarenses, y esta ha a punto de perderlo porque no puede afrontar el gasto que exige el municipio para habilitárselo. Es la misma gestión que regalaba a troche y moche millones de planes a cambio de votos.
La injusticia del municipio: El gimnasio de Sergio García al borde del cierre por un millón de pesos
La decisión del municipio de cerrar el gimnasio de Sergio García es un claro ejemplo de cómo la burocracia y la falta de sensibilidad pueden arruinar la vida de personas trabajadoras y honestas. El argumento es simple pero devastador: Sergio no puede pagar la exorbitante suma de 1,1 millón de pesos que el municipio exige para habilitar su gimnasio.
El hecho de que el municipio esté dispuesto a clausurar un negocio que es el sustento de una familia debido a una cuestión de trámites burocráticos es absolutamente inaceptable. ¿Es esta la manera en que se trata a los emprendedores locales, aquellos que, a pesar de las dificultades, intentan crear empleo y generar bienestar en la comunidad?
Resulta especialmente indignante cuando se compara la actitud del municipio con la generosidad mostrada en otros ámbitos. ¿Cómo es posible que se destinen millones de pesos en planes sociales sin ningún tipo de control mientras se exige a un pequeño empresario pagar una suma astronómica para simplemente poder seguir trabajando?
Además, es evidente que la aplicación de la ley no es uniforme. Si bien se exige a Sergio cumplir con todos los requisitos legales, es sabido que muchos otros gimnasios operan sin cumplir estrictamente con todas las normativas. ¿Por qué entonces se le aplica a él un estándar tan riguroso?
Es comprensible que existan regulaciones para garantizar la seguridad y la calidad de los servicios prestados, pero estas deben ser justas y razonables. Exigir a un pequeño empresario una suma que claramente está fuera de su alcance no es justo, ni razonable.
Sergio ha intentado comunicarse con las autoridades municipales en busca de una solución, pero sus reclamos parecen caer en oídos sordos. ¿Dónde está la voluntad de ayudar a aquellos que están luchando por salir adelante?
Es hora de que el municipio reconsidere su posición y encuentre una solución viable para Sergio y otros empresarios locales en situaciones similares. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de actuar con empatía y justicia hacia quienes están contribuyendo al desarrollo de la comunidad.
