Fuente: AgroLatam.com
Un grupo de productores rurales del partido bonaerense de Carlos Casares presentó una denuncia penal contra el intendente local, Daniel Stadnik, y la jefa comunal de 9 de Julio, María José Gentile, por la gestión de las inundaciones que afectan a la subregión A3 del río Salado. La presentación se hizo en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, e incluye también a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense.
Los productores sostienen que la inacción oficial agravó un «estrago» productivo y social que dejó bajo el agua más de 250.000 hectáreas, con pérdidas en siembras, pasturas, lechería y ganadería. La denuncia apunta a tres delitos: estrago por inundación, omisión impropia por no actuar en sus roles dentro del Comité de Cuenca, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según el escrito, «la magnitud del daño no se debe exclusivamente al factor climático, sino a la falta de obras y de mantenimiento». Los ruralistas remarcan que la falta de limpieza de canales y de caminos rurales empeoró la situación y complicó la logística productiva.
En un relevamiento de Carbap, se estimó que en Carlos Casares había al menos 100.000 hectáreas afectadas, mientras que en 9 de Julio el número ascendía a 150.000 hectáreas. Los denunciantes aseguran que las autoridades se limitaron a atribuir las inundaciones a «lluvias extraordinarias», sin adoptar medidas concretas de prevención ni coordinación.
El caso incorpora declaraciones de los propios intendentes. En un acta de mayo, Gentile admitió la falta de recursos y pidió más coordinación con la Dirección de Hidráulica. Por su parte, Stadnik reconoció en una entrevista que no había convocado al Comité de Cuenca porque estaba «en plena campaña política» y esperaba que «se calmara la emergencia». Para los productores, esas frases son prueba de la omisión deliberada.
Las consecuencias, advierten, van más allá de las pérdidas económicas: las inundaciones provocaron dificultades de transitabilidad, afectaron la vida cotidiana de los pueblos y generaron estrés en los rodeos por falta de alimento. La denuncia busca que la Justicia determine responsabilidades políticas y penales en una región históricamente castigada por la falta de planificación hídrica.